En un entorno económico cada vez más digitalizado, los autónomos y pequeñas empresas en España se enfrentan a importantes cambios fiscales que buscan simplificar la gestión administrativa, reducir cargas tributarias y fomentar el control fiscal. Dos de las reformas más relevantes en este ámbito son la implementación del IVA franquiciado y la obligación de emitir facturas electrónicas. Aunque ambas medidas están proyectadas para entrar en vigor en 2025, recientes declaraciones oficiales han matizado su alcance y desarrollo. A continuación, analizamos en qué consisten, el contexto actual de su implementación y cómo impactarán en el día a día de los autónomos y empresarios.
El IVA franquiciado
El IVA franquiciado es un régimen fiscal especial que eximiría a los autónomos y pequeñas empresas de declarar el IVA trimestralmente, siempre que su facturación anual no supere los 85.000 euros de base imponible (o 100.000 euros si incluyen operaciones intracomunitarias). Este régimen busca simplificar los trámites fiscales para aquellos negocios con menor volumen de operaciones, eliminando la obligación de presentar las autoliquidaciones trimestrales (modelos 303 y 390). Quienes se acogieran a este sistema no podrían repercutir el IVA en sus facturas, pero tampoco deducirían el IVA soportado en sus compras y gastos.
La medida, establecida por la Directiva 2020/285 del Consejo de la Unión Europea, está diseñada para fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas, reducir su carga administrativa y promover el comercio transfronterizo dentro de la UE. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han desmentido la información difundida recientemente sobre la entrada en vigor inminente de este régimen. Según aclararon, la negociación para implementar el IVA franquiciado en España, único país de la UE que aún no lo ha adoptado, lleva más de un año paralizada en el marco de la reforma fiscal. Hacienda ha descartado oficialmente que se vaya a poner en marcha a principios de 2025, dejando abierta la posibilidad de reactivar las conversaciones en el futuro.
Pese a ello, la propuesta sigue generando interés por sus posibles beneficios. Entre ellos destaca la simplificación administrativa, ya que al no tener que presentar declaraciones trimestrales, los autónomos y pequeñas empresas podrían ahorrar tiempo en la gestión fiscal. Además, permitiría ofrecer precios más competitivos al no repercutir el IVA en las facturas, aunque esta ventaja debe ponderarse frente a la pérdida de la posibilidad de deducir el IVA soportado, un factor crucial para aquellos negocios con alta inversión.
El régimen sería voluntario, permitiendo a los autónomos y empresarios decidir si acogerse o no, siempre que cumplieran con los requisitos de facturación. Sin embargo, quienes superen los 85.000 euros anuales deberían aplicar el IVA estándar, con posibilidad de regresar al régimen de franquicia en ejercicios posteriores si cumplen los límites establecidos.
La obligatoriedad de la factura electrónica
Paralelamente, otro cambio significativo es la obligación de emitir facturas electrónicas, una medida que busca digitalizar y simplificar los procesos empresariales. Según la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, a partir de 2025 todos los empresarios y autónomos, independientemente de su volumen de facturación, deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas cuando el destinatario sea otro profesional o empresa con sede en España.
Las facturas deberán ajustarse a un formato electrónico oficial, incluir un código QR para su seguimiento y se excluirán aquellas simplificadas que no superen los 400 euros. Las empresas con facturación superior a 8 millones de euros tendrán un plazo de un año para adaptarse, mientras que el resto contará con hasta dos años. Esta medida pretende reducir costes administrativos, agilizar pagos y combatir el fraude fiscal mediante un acceso más transparente y en tiempo real a los datos fiscales.
En suma, tanto el IVA franquiciado como la factura electrónica representan pasos hacia la modernización fiscal y digital en España, aunque la implementación del primero está sujeta a decisiones políticas y negociaciones aún inconclusas. Mientras el sector autónomo aguarda con incertidumbre, queda claro que la simplificación fiscal y el impulso digital son objetivos prioritarios en el horizonte económico del país.