La sentencia del Tribunal Supremo 551/2023, dictada el 12 de septiembre, establece que el informe de un detective privado es una prueba válida para acreditar el incumplimiento de las obligaciones laborales. Esto representa un precedente importante en el ámbito laboral, ya que valida el trabajo de los detectives privados en investigaciones relacionadas con el cumplimiento de las condiciones laborales por parte de los empleados. Este pronunciamiento resalta, por un lado, la importancia de los informes de los detectives privados como una herramienta válida para aportar pruebas en litigios laborales, en los que el trabajador, que se encuentra en situación de incapacidad temporal, realiza actividades incompatibles con su situación de incapacidad laboral retribuida, y por otro lado, establece que no son ilegales ni vulneran el derecho a la intimidad y a la propia imagen del trabajador.
